El informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que indagó el caso de la gasolina desestabilizada revela una serie de irregularidades, entre ellas presuntas deficiencias en la fiscalización de la calidad por efecto de un “control superficial a ojo”.
Según el documento al que se accedió, se estable que solo se verifica el color del carburante y en el proceso participó un electricista, una profesión que no está vinculada con hidrocarburos.
“Control superficial (“a ojo”): Los responsables de los controles se limitaban a una revisión estrictamente documental y visual (verificando únicamente el color y el aspecto para asumir que era gasolina)
En ese marco, en el documento se advierte que “se observó la falta de análisis de laboratorio obligatorios para verificar el contenido de manganeso y goma”.
Frente a los daños causados por el combustible desestabilizado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un plan de indemnización. Según la aseguradora, hasta junio se habían registrado más de 70.000 vehículos.
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, que revisó el documento, explicó que “en una parte del informe dice que la gasolina desestabilizada o la que se llama basura, funcionarios de la ANH y YPFB hacían el control al ojo porque solo verificaban el color y el aspecto de la gasolina”.
“Y uno de los encargados de la verificación era electricista, o sea, no era especialista en química para hacer adecuadamente esta verificación entre otros hallazgos, sobre todo a los certificados de calidad”, denunció.
Electricista fiscalizador
Evidentemente, en el informe se lee: “Personal no calificado: Se constató mediante la declaración del Ministerio Público que el personal técnico de YPFB encargado de los controles carecía de la especialidad requerida; el funcionario asignado era electricista y no ingeniero químico. Al respecto, se iniciarán las acciones legales correspondientes”.
Alarcón también apuntó a los certificados de calidad y dijo que se emitían “con graves observaciones”-
Esta fiscalización estaba a cargo de “tres empresas privadas que, según la comisión, no tenían un contrato vigente con YPFB”.
“Pero además no se establecían en los certificados los componentes que deberían determinar para ver la medida si era permisible o no de componentes contaminantes”, sostuvo.
Alarcón además denunció que “después de distribuir” el combustible “recién se preocupaban de los certificados”.
Gomas
Según el legislador, en el informe se establece un “exceso de gomas y biocombustible”.
En su momento, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Yussef Akly y el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, ambos de la actual gestión del Gobierno, admitieron que parte del combustible comercializado tenía gomas por encima del 5%, que era lo permitido, según la norma.
La comisión tiene en la mira a estas autoridades, pero además al exministro Alejandro Gallardo y al expresidente de YPFB Armin Dorgathen.
Se sugiere además el envío de este informe a la Fiscalía y a la Contraloría para que se investigue a estas personas y a otras vinculadas con este caso.
El documento será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, que definirá su aprobación o rechazo.
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