El gabinete del presidente Rodrigo Paz aprobó el lunes el Decreto Supremo 5707 para ampliar el Estado de excepción, vigente desde el 20 de junio y que fenece este viernes 18 de septiembre. La norma debe ser aprobada por el Legislativo.
En el documento se precisa que la medida de restricción se amplía por 90 días más, es decir, hasta diciembre.
“Se amplía por noventa (90) días calendario el Estado de Excepción por Conmoción Interna declarado por Decreto Supremo N° 5636, computables a partir de la conclusión del plazo inicialmente establecido, en todo el territorio nacional”, reseña el artículo 2 de la norma.
En el documento el Gobierno cita el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis de 53 días de mayo y junio que “recomienda” al país “proteger el derecho a la protesta pacífica, garantizando también los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación, el libre desplazamiento y el acceso a otros servicios esenciales”.
Según el texto publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, el organismo además sugirió “desarrollar los arreglos necesarios para cuidar la infraestructura crítica y el establecimiento de corredores humanitarios y logísticos en eventuales nuevos momentos de protesta de acuerdo al marco constitucional vigente y el estado de derecho”.
Informes del Gobierno
Asimismo, argumenta que “los informes emitidos por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa evidencian la persistencia de riesgos y factores de conflictividad que afectarán la estabilidad del orden público”.
Se señala que hay “amenazas y advertencias provenientes de determinados sectores movilizados”.
Pero además de advierte sobre “la posibilidad de reactivación de medidas de presión, bloqueos y acciones que comprometan la libre circulación de personas y bienes, el abastecimiento de productos e insumos esenciales, la continuidad de servicios y la seguridad de la población”.
La administración de Paz destaca que estas circunstancias “generarán escenarios de desestabilización del orden público y afectarán el normal funcionamiento de las instituciones y actividades económicas y sociales del país”.
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