El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió este lunes un comunicado en el que alertó sobre un incremento notable en los precios de los alimentos de consumo diario en los hogares bolivianos tras levantarse la subvención al diésel.
La institución señala que 18 de 21 alimentos básicos registraron alzas superiores al 100% en Bolivia, y que algunos productos superaron el 200%.
“Han subido en un promedio del 87%. Por ejemplo, las verduras de consumo diario superan el encarecimiento”, informó el defensor.
Callisaya señaló como ejemplo el incremento de precios de la zanahoria y la cebolla en varias regiones del país.
“Por ejemplo, la zanahoria ha variado hasta más del 293% en Cochabamba, en El Alto con 201%, en Oruro la cebolla con 148%”, explicó.
Asimismo, el 71% de los hogares considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, el 33% redujo el número de raciones diarias y el 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus ingresos a la compra de alimentos. El incremento de precios afecta de manera diferenciada a familias en situación de mayor vulnerabilidad, entre ellas personas adultas mayores y personas con discapacidad.
“Hay efectos negativos del levantamiento de la subvención del diésel que llegó a la mesa de la familia boliviana. Existe un incremento desmedido de precios e impacto a la alimentación, porque el presupuesto no alcanza, hay altos índices de reducción consumo esencial, diversas formas de cambios de hábitos alimenticios, y hay un mayor impacto a grupos en situación de vulnerabilidad; y un grado de regresión en el ejercicio del derecho a la alimentación”, afirmó Callisaya.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades competentes del nivel central del Estado adoptar medidas urgentes y diferenciadas para garantizar el acceso a alimentos esenciales, especialmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
El “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia”, realizado por la Defensoría del Pueblo en 10 ciudades capitales y El Alto, entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026.
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