A tres semanas de revelarse el escándalo por el caso consorcio judicial, los siete aprehendidos siguen lejos de los penales. Aunque tres de ellos tienen detención preventiva, ninguno cumple la medida en prisión: todos fueron derivados a centros médicos o se encuentran con arresto domiciliario.
El exministro César Siles, la exvocal Claudia Castro y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, fueron beneficiados con internación médica por problemas de salud. Siles debía ser trasladado a Patacamaya, pero fue operado por una afección colorectal y permanece en una clínica.
Claudia Castro, que inicialmente fue llevada al penal de Obrajes, fue transferida a un hospital por padecer epilepsia y salmonelosis, según explicó su abogado, quien además aseguró que requiere medicamentos no disponibles en Bolivia.
Por su parte, el juez Lea Plaza, destinado a la cárcel de San Pedro, fue internado por presentar un estado de salud frágil y un cuadro depresivo, de acuerdo con su defensa legal.
Los otros cuatro implicados —entre ellos el magistrado suplente Iván Campero y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Yván Córdoba— están cumpliendo detención domiciliaria.
Ante esta situación, el representante del Consejo de la Magistratura, Marco Cárdenas, manifestó que corresponde al Ministerio Público evaluar si la condición de salud de los imputados justifica su situación actual.
El caso investiga una supuesta estructura de poder que habría influido para que el juez Lea Plaza firme una resolución que dejaba sin efecto el mandato de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Se menciona que autoridades de alto rango presionaron al juez para emitir el fallo, según audios y declaraciones.
La investigación sigue su curso bajo reserva judicial, y aún se busca a un prófugo clave que habría iniciado el recurso legal con el cual se intentó concretar la destitución.
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