Tras el acuerdo entre el Gobierno y un bloque de campesinos de abrogar la Ley 1720 sobre la conversión de tierras en el país, este viernes el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que se rearticulan sectores de protesta.
Explicó que el jueves se enteraron de la rearticulación de sectores como los interculturales, las Bartolinas y la Central Obrera Boliviana, que consideró que en todos los casos tienen inteses políticos.
Ante ello, indicó que en el Gobierno se decidió que la ley 1720 “sea analizada” por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para responder a los dos sectores involucrados; es decir, los que aún están movilizados y los productores.
“Lo que se está contemplando ahora es la inclusión de otros aspectos para que las otras visiones estén contempladas y de manera socializada todos estemos de acuerdo. No hay la más mínima intención de perjudicar a la Bolivia productiva”, sostuvo.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Carlos Krutzfeldt, contempló el jueves la convocatoria a una reunión de emergencia con la institucionalidad cruceña ante los anuncios de abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras.
“Yo creo que vamos a tener una reunión de emergencia con todas la institucionalidad cruceña para ver qué medidas se toman”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa. “Estamos coordinando con todas las instituciones, estamos atentos a cómo va avanzando este tema”, agregó.
Desde el sector privado resaltan que la ley permite a pequeños productores convertir propiedades pequeñas en medianas y generar mayores oportunidades de crecimiento económico.
“La idea es devolver la ley a su origen, la Asamblea Legislativa, para que tenga su tratamiento y que se considere la inclusión de esta otra visión, para atender a ambos sectores”, resaltó al referirse a los campesinos y sectores productivos.
El presidente Rodrigo Paz y los campesinos acordaron a inicios de esta semana la abrogación de la Ley 1720. El miércoles ingresó a Diputados un proyecto de ley para ese fin.
La norma será analizada este viernes en el pleno de la citada cámara. La sesión está programada para las 09:00.
Bloques de campesinos e indígenas han cuestionado la norma y advirtieron sobre un posible riesgo para las tierras comunitarias, una versión que descartó el Gobierno, que; sin embargo, firmó un acuerdo para tramitar su anulación.
Sectores productivos del país se han declarado en emergencia por la intención de abrogar la norma y anunciaron encuentros para asumir medidas en defensa de la norma.
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