La mañana de este martes ha vuelto la tensión a la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, que tiene en agenda el contrato de la explotación del litio con la empresa rusa Uranium One Group.
Los legisladores miembros de esta comisión habían llegado al mini hemiciclo para reinstalar la sesión minutos antes de las 09:00.
La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, que había instalado una vigilia en el lugar, volvió a impedir que se retome el debate.
En ese ínterin, parte de los legisladores de la comisión intentaron salir de sala. Ante ese panorama, Claros se negó a abrirles el paso tras denunciar que pretendían reinstalar la sesión en otro lugar.
“Vamos a permanecer en vigilia, han solicitado de que se reinstale la sesión en otro ambiente, no los vamos a dejar salir a los parlamentarios que continúan aquí para no darles quorum porque ellos quieren instalar en otro lado y aprobar”, señaló Claros minutos antes de las 10:00 de este martes.
Según la denuncia de la diputada, el ministro del sector ya se encontraba en dependencias del Legislativo y se disponen a cambiar de sede, aunque no presentó pruebas.
“El piso 18 está lleno de policías, pero no los vamos a dejar salir, pretendían tomarnos el pelo, pero no los vamos a dejar salir a los diputados vendidos”, señaló.
A la protesta de Claros se sumaron miembros de un bloque del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
Rechazo
Mediante notas remitidas a la directiva, la mañana de este lunes, las bancadas de las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos ratificaron su pedido para aplazar el tratamiento de los proyectos de concesión para la explotación, industrialización y comercialización del litio.
Exigen que el próximo Gobierno y los nuevos legisladores, que se elegirán en los comicios del 17 de agosto, aborden el asunto.
El contrato con Uranium One Group y la firma china CBC enfrenta observaciones de parte de legisladores y organizaciones como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que advirtieron con movilizaciones si el Legislativo aprueba los contratos.
Aseguran que, tal como están, los contratos que ya suscribió el Gobierno de Luis Arce son desfavorables para el país y las regiones productoras.
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