La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechazó el Decreto Supremo 5676 y expresó su “total desacuerdo” al considerarla como una “medida que castiga al productor sin resolver ninguno de los problemas que dice atacar”.
En ese marco, advirtió que este nuevo régimen, que establece un precio referencial de diésel para los grandes consumidores que a la fecha es de de Bs 18, vuelve “más lucrativo el negocio del desvío y no garantiza el abastecimiento”.
En un comunicado publicado este jueves, Anapo alertó que “existe una actividad irregular que desvía el combustible subvencionado y que ninguna autoridad ha desarticulado”
“Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esa cadena de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, señaló.
“Su permanencia no se explica por falta de información: o existe incapacidad de las instancias de control, o existe tolerancia hacia quienes lucran con ella”, sostuvo. Anapo exigió una investigación.
Asimismo, señaló que el citado decreto “no combate a esa actividad: más bien la incentiva y la vuelve más rentable”.
“Al mantener dos precios, el diferencial que financia el desvío queda intacto y sin ningún mecanismo de trazabilidad ni fiscalización. Peor aún, promueve el negocio ilícito porque resulta lucrativo que personas y unidades de transporte se dediquen al acopio de combustible para revenderlo al sector productivo que necesita producir.
Para la institución, este nuevo régimen “no elimina el mercado negro: solo lo incentiva y le fija un precio oficial de referencia”.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de cierre de unidades productivas de pequeña escala debido al nuevo marco legal y asegura que “no disminuye de forma significativa el impacto de la subvención”.
Precios y cadena
Anapo además alertó que “el costo no se detiene en el productor” puesto que “llega a la mesa de los bolivianos”.
“El diésel atraviesa toda la cadena de alimentos: siembra, cosecha, secado y transporte de granos. Un incremento de esta magnitud, en pleno proceso de cosecha de la campaña de invierno con granos como el sorgo, maíz, trigo y girasol y a semanas del inicio de la campaña de verano, pone en riesgo la superficie de siembra y se trasladará a los costos de la producción nacional”, señal el comunicado.
En ese sentido, consideró que “esta medida puede significar el cierre de miles de unidades productivas y con ello, el ciudadano que hoy se cree a salvo de la medida será quien termine pagándola en el precio final de los alimentos como la carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, leche, huevo, entre otros”.
Pero no es todo. Anapo remarcó que pese la medida lanzada por el Gobierno las filas por combustibles persisten en las estaciones de servicio.
“Se encarece el diésel sin garantizar que llegue. Nuestros productores siguen enfrentando filas, cupos restringidos y autorizaciones discrecionales”.
“La medida corrige el precio y no corrige el acceso: al productor no le sirve un litro más caro si sigue sin poder comprarlo cuando lo necesita”, se añade.
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