El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, apuntó al expresidente Evo Morales como el responsable de las movilizaciones y afirmó que el líder cocalero “no resigna a perder el poder” y, por ello, “instrumentaliza el poder social para enquistar un régimen”, que fracasó.
“Bolivia defiende el derecho a la protesta, protege el disenso ciudadano y reconoce todas las demandas legítimas de las organizaciones sociales, pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre la protesta democrática y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer el mandato de una autoridad nacida del voto popular”, señaló.
La noche del jueves, tras una violenta jornada de protestas, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, denunció que detrás de los dirigentes que impulsan los bloqueos hay financiamiento que proviene de redes del narcotráfico y del trópico de Cochabamba.
Horas antes, la Central Obrera Boliviana (COB) y sus aliados radicalizaron su discurso y exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Este Gobierno ha nacido de las urnas, tiene legitimidad de origen, ha cumplido con todos los mecanismos y los procedimientos que dicta la democracia y no puede ser que este Gobierno quiera ser sacado por intereses mezquinos de un señor que no se resigna a perder el poder y que está instrumentalizando el poder social para poder enquistar un régimen que tiene que salir de la vena más íntima del constructo democrático y social de este país”, añadió.
Las palabras del jefe de la diplomacia boliviana se registró en la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026, que estuvo a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Palacio de Gobierno.
”El informe nos respalda sustantivamente en ello”, sostuvo tras denunciar en ese escenario que las movilizaciones ya se cobró la vida de tres personas.
“Tiene que quedar muy claro, no estamos criminalizando la protesta, pero tampoco aceptamos que bajo el nombre de protestas se paralice el país, se afecte el derecho y se desconozca el mandato democrático, pero algo que no vamos a aceptar de manera contundente es que, bajo el pretexto de la protesta social, se cobren vidas”, dijo.
En ese marco, el canciller bolivianos denunció que “tres vidas han sido cobradas ya como parte de la protesta social”.
“No puede ser que se niegue la posibilidad de que una persona reciba asistencia médica y que eso le haya costado la vida a esta ciudadana de Belice”, dijo.
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