Con este sábado, Bolivia enfrenta 30 días de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Los movilizados han incrementado los cortes de rutas y sus líderes han dejado a “las bases” la decisión de asistir al diálogo que impulsa la Iglesia Católica.
Más de 80 puntos de bloqueos cortan las rutas troncales de seis departamentos del país, aunque la región más afectada es La Paz, donde se ha concentrado el cerco.
La Vicepresidencia publicó este sábado una convocatoria para las 15:00 del domingo en instalaciones del Seminario San Jerónimo de La Paz, donde ya se reunieron los mediadores.
A casi un mes del conflicto, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” organizan encuentros para que sus “bases” definan su postura ante la convocatoria del diálogo.
La COB convocó a un ampliado de emergencia para las 14:00 de este sábado después de que se dejó sin efecto la orden a de aprehensión contra su ejecutivo Mario Argollo, quien permanece en la clandestinidad.
Más temprano, el vicepresidente Edmand Lara dijo que el requisito de los movilizados para sentarse en la mesa de diálogo era suspender la orden de aprehensión contra los dirigentes.
Además, pidió al presidente Paz y a los movilizados ceder para llegar a un punto pacificar al país.
En un video, Argollo anunció que los afiliados cobista definirán si se suman a la mesa de diálogo, que se gestó en la Vicepresidencia y ahora está liderada por la Conferencia Episcopal de Bolivia.
“Cualquier convocatoria que venga al diálogo de donde venga, tiene que ser decidida por las bases, y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”, dijo el dirigente cobista.
En ese mismo marco, el ejecutivo de la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, Vicente Salazar, también dejó a sus bases el curso del conflicto.
“Las bases están en análisis, nosotros estamos en totalmente en emergencia”, señaló el dirigente. “Ahora estamos nosotros viendo y analizando todas estas circunstancias que está pasando con nuestro pueblo y las bases van a decidir también, en su momento, si va a ir a un diálogo o no”, resaltó.
Sobre Salazar pesaba otra orden de aprehensión que también quedó sin efecto debido al fallo judicial conocido el viernes.
Mientras la Iglesia procura reunir a las partes, el suministro de combustibles sigue presentando problemas. En La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas, el alimento falta y sus precios siguen elevados.
Los industriales han reportado que el conflicto ha dejado más de $us 1.600 millones en pérdidas,.
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