La declaración de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, ha generado un remezón en el escenario político de Bolivia. La supuesta implicancia de Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el caso de las maletas ha generado el pedido de una investigación imparcial.
Los diputados Lissa Claros (Libre) y Ricardo Rada (PDC) analizaron las denuncias y los alcances de esta presunta red criminal y pusieron en duda el papel fiscalizador de la Asamblea Legislativa Plurinacional en este caso.
A juicio de Rada, “tenemos que aplicar por primera vez el lema ‘caiga quien caiga’ y llegue a quien llegue, salpique donde salpique la corrupción debe ser investigada de manera independiente”.
Por su lado, Claros dijo que “esto es gravísimo, porque estamos hablando de que el crimen organizado ha sometido a los principales poderes del Estado boliviano y el Gobierno esta conviviendo con este crimen organizado, con este aparato, que lamentablemente le ha hecho tanto daño al pueblo boliviano y continúa”.
“Se ha detenido a dos personas, pero los demás dónde están, continúan en el aparato del Estado, están conviviendo con este Gobierno y este Gobierno no ha hecho absolutamente nada para erradicar de raíz de este crimen organizado”, sostuvo.
Declaración
Según la declaración de Quezada, Saucedo acumuló una fortuna con negocios ilícitos como el tráfico de sustancias controladas.
Para el diputado Rada, “tenemos que desnudar y exigir por favor a la Fiscalía” hallar a los responsables porque “el narcotráfico puso a Bolivia de rodillas”.
Para Claros, las fiscalizaciones en el Legislativo no avanzarán porque “se ha convertido en una instancia totalmente sometida a los intereses particulares de unos cuantos desde la elección del presidente” de Diputados, Roberto Castro, desconocido por su fuerza por su elección en medio de forcejeos y gritos.
“Hoy más que nunca necesitamos que se actúe con total celeridad porque están intentando maquillar los casos”, dijo y planteó redactar “resoluciones camarales de manera inmediata para que se limpie todo el aparato de la Justicia, toda la corrupción”.
“El Gobierno se ha acomodado a estos circuitos de corrupción y poco o nada se va a poder hacer en la Asamblea”, dijo Claros, aunque no presentó pruebas.
En ese marco, apuntó a los dos legisladores que fueron vetados por Estados Unidos en la lista de visas: Rafael López (Libre) y Rolando Pacheco (AP).
Aseguró que “desde el Parlamento no se hace nada” y “se constituye en cómplice de este crimen organizado al temer a estos dos parlamentarios avalados y premiados en el Legislativo cuando debería ser apartados de manera institucional”.
Fiscales
Por su lado, Rada apuntó al reto que tiene el Legislativo de elegir al nuevo fiscal general del Estado y las pesquisas que impulsan los operadores de Justicia.
“Esos jueves ya deberían ser aprehendidos pero no va a pasar nada, lamentablemente vemos que la justicia es muy lenta, no se va a poder investigar a ella misma”, dijo.
Consideró que “esa corrupción está penetrando en otros órganos del Estado que después van a ser lo que van a nombrar fiscales y van a dar sala plena a los órganos de justicia”, en referencia a los escaños pendientes en el Tribunal Supremo de Justicia
“Qué independencia se va a poder ver si esos tentáculos de esa organización corrupta ha llegado a otros poderes del Estado”, lamentó.
About The Author
