Bolivia participó en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, realizada en Washington D.C. y convocada por Estados Unidos para abordar lo que ese país considera un resurgimiento del “terrorismo político de extrema izquierda”.
El canciller Fernando Aramayo asistió al encuentro junto a representantes de más de 60 países, según informó la Cancillería boliviana.
En ese escenario, la Cancillería reafirmó su postura frente a las amenazas contra el orden democrático y señaló que “todo intento de quebrantar el orden constitucional mediante acciones terroristas o de violencia, financiadas por el crimen transnacional, constituye una amenaza para nuestra democracia y para la estabilidad regional”.
La posición oficial también remarcó que “ninguna democracia puede permanecer indiferente frente a organizaciones criminales que utilizan recursos ilícitos para socavar las instituciones democráticas”, en referencia a la necesidad de enfrentar estructuras vinculadas al crimen transnacional que, según el Gobierno boliviano, afectan la institucionalidad democrática.
La reunión tuvo como objetivo promover, según el Departamento de Estado de EEUU, “una acción conjunta más contundente” para enfrentar lo que la Administración de Donald Trump considera un resurgimiento del terrorismo de izquierda en distintas regiones del mundo y corregir las deficiencias que, a su juicio, continúan siendo aprovechadas por estos grupos.
De acuerdo con la postura de Washington, el terrorismo de extrema izquierda se ha manifestado mediante actos violentos en América, Europa, Asia y otras regiones, una amenaza que la Administración estadounidense sostiene que ha sido subestimada durante años por la comunidad internacional en la estrategia global de lucha contra el terrorismo.
En ese contexto, el Gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas a los movimientos Antifa Ost, Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.
Además, mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular las redes de financiación de esas organizaciones.
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