La escasez de diésel que afecta al país y que se ha produndizado en los últimos años “es un problema estructural” que se gesta desde 2015, con el fin de la bonanza económica.
La solución a está problemática tomará al menos siete años, advirtió René Martínez, economista de la Fundación Jubileo.
El especialista explicó que la crisis actual es resultado del fracaso de la política de hidrocarburos posterior a la “nacionalización”, que no aseguró inversiones para reponer reservas y provocó el agotamiento de campos, sumado a severos desequilibrios macroeconómicos.
“Es un problema muy complejo, directamente ligado al fracaso de la política de hidrocarburos. Afecta a la producción y a la gente de a pie”, señaló.
Consultado sobre si es más caro importar diésel a precio internacional o mantener al país desabastecido, Martínez remarcó que “el diésel o la gasolina más cara es la que no hay”, al advertir que sin combustibles se paraliza todo el aparato productivo.
“Es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana. Este es un problema estructural de mediano y largo plazo, esto se va a ir solucionando en la medida que podamos constituir o reconstituir un sector exportador como hidrocarburos, que entre lo que se genera una nueva política y luego se tiene retornos, tiene un período de maduración de aproximadamente siete años”, manifestó.
En esa línea consideró que esta situación genera que el país siga necesitando financiamiento externo para importar, como el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Respecto al subsidio, explicó que presiona el profundo déficit fiscal, junto a una burocracia estatal sobredimensionada.
“Si queremos una crisis menos duradera, tenemos que ir quitando esta subvención cuanto antes”, afirmó, aunque reconoció que es una medida dolorosa.
Martínez recordó que Jubileo ya advirtió el año pasado sobre la necesidad de realizar ajustes como el recorte del gasto público, eliminar la subvención, revisar empresas públicas y flexibilizar el tipo de cambio.
Si bien hay avances parciales, como la flexibilización cambiaria y el retiro parcial de la subvención, consideró que el Presupuesto General del Estado 2026 modificado no refleja el recorte necesario.
”Tenemos un aparato público demasiado grande, obeso e improductivo, que es un peso para la economía”, sostuvo al señalar que el gasto corriente improductivo y las empresas públicas son los rubros que aún deben reducirse.
Finalmente, sobre los Bs 6.000 millones semanales que el Tesoro General de la Nacional (TGN) destina a importar combustibles, aclaró que esos recursos no deberían reasignarse a otros sectores, sino usarse para reducir el déficit.
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