Tras las denuncias realizadas por la Alcaldía cruceña contra el exalcalde Jhonny Fernández, el aludido convocó a la prensa para afirmar que los impuestos de su vivienda se encuentran debidamente pagados y desafió al actual burgomaestre, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, a publicar la lista completa de los otros 22.000 contribuyentes que, según la comuna cruceña, presentan observaciones en el pago de sus tributos.
Fernández cuestionó que Saavedra lo haya mencionado públicamente antes de concluir el plazo otorgado hasta el 31 de agosto para que los contribuyentes regularicen su situación.
“Él dijo, les doy plazo hasta el 31 de agosto, pero ahora dice que Johnny Fernández no pagó. Eso no es ni ético ni legal”, aseguró Fernández.
El exalcalde señaló que durante su gestión nunca expuso públicamente a contribuyentes con observaciones tributarias, al considerar que ese tipo de acciones puede afectar la imagen de instituciones, empresas, familias y personas.
En ese contexto, lanzó un desafío directo al alcalde Saavedra. “Así como dijiste: ‘Jhonny Fernández no ha pagado sus impuestos o pagó mal sus impuestos, publicá todos los nombres, los 22.000 nombres de personas y empresas. Y si no lo haces, es porque están haciendo cosas por debajo’”, afirmó.
Fernández también defendió el estado tributario de sus bienes inmuebles y aseguró que los pagos correspondientes a su vivienda fueron realizados hasta este 2024 y parte de la gestión 2025, además que el inmueble donde vive tiene copropietarios.
“No se ha hecho el pago de ese inmueble (solo como Jhonny Fernández) porque ese inmueble no es solo de Johnny Fernández, sino que tiene copropietarios, pero tengo las boletas de los pagos (hechos como copropietarios) que están en los archivos de la Alcaldía”, aseguró y mostró que la base imponible, de la vivienda, supera el millón y medio de bolivianos.
Indicó además que el pago anual por ese bien alcanza aproximadamente los 8.700 bolivianos, monto que es pagado junto con los demás copropietarios.
Finalmente, Fernández cuestionó el proceso realizado por la administración municipal para detectar presuntas irregularidades tributarias. Afirmó que no se trata de una auditoría, sino de un relevamiento de información.
“Una auditoría no se hace en uno o dos meses. Y cuando hagas una auditoría, la misma tiene que ser verificada y avalada por la Contraloría para que tenga un valor legal, lo demás es show político porque lo que han hecho es un relevamiento”.
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