El proyecto de Ley de Inversiones plantea un nuevo esquema de incentivos para atraer capital nacional y extranjero, vinculando los mayores beneficios al cumplimiento de objetivos económicos y productivos.
La propuesta establece que las inversiones que cumplan determinados requisitos podrán ser calificadas como “proyectos promovidos”. Esa condición les permitirá acceder a incentivos tributarios y aduaneros de acuerdo con el puntaje obtenido en una matriz de desempeño de 100 puntos.
¿Qué se considera una inversión elegible?
El proyecto no considera como inversión cualquier gasto realizado por una empresa. Para acceder al régimen, deben tratarse de inversiones efectivamente ejecutadas y pagadas, entre ellas: bienes de capital nuevos; maquinaria y equipos productivos nuevos; obras civiles e instalaciones vinculadas al proyecto; infraestructura productiva; software, patentes, licencias y activos tecnológicos; investigación y desarrollo capitalizable; instalaciones de eficiencia energética y tecnologías limpias.
También se contemplan otras modalidades de activos productivos que sean definidas posteriormente mediante reglamentación.
La clave: una matriz de 100 puntos
El proyecto establece que la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) evaluará los proyectos promovidos sobre una escala de 100 puntos.
La mayor ponderación corresponde a la generación de empleo y capacitación, mientras que también se premian las exportaciones, la industrialización, la innovación, las compras nacionales y la sostenibilidad.
Así funciona la matriz:
Criterio: Puntaje máximo
Empleo formal y capacitación: 20 puntos
Exportaciones y generación neta de divisas: 15 puntos
Valor agregado, industrialización y diversificación: 15 puntos
Innovación, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica: 15 puntos
Compras nacionales y desarrollo de proveedores: 10 puntos
Descentralización territorial e impacto regional: 10 puntos
Sostenibilidad, tecnologías limpias y eficiencia energética: 10 puntos
Reinversión y compromiso de largo plazo: 5 puntos
Total: 100 puntos
La matriz también contempla una particularidad: si un proyecto incorpora una sustitución progresiva de trabajadores extranjeros por personal nacional, puede ser recalificado cuando cumpla los hitos establecidos y ese componente podría llegar a ponderar hasta 30 puntos, de acuerdo con la reglamentación.
¿Cuántos puntos se necesitan?
Para acceder al crédito tributario contra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el proyecto establece un mínimo de 40 puntos.
Además, existe una condición adicional: un proyecto que obtenga cero puntos en sostenibilidad, tecnologías limpias y eficiencia energética no podrá ser considerado proyecto promovido ni acceder al crédito tributario por inversión.
El Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual.
Así funciona el beneficio
El porcentaje del crédito tributario aumenta de acuerdo con el puntaje obtenido:
Puntaje obtenido: Crédito contra el IUE
40 a 54 puntos: 25%
55 a 69 puntos: 40%
70 a 84 puntos: 60%
85 a 100 puntos: 80%
Por ejemplo, un proyecto que obtenga 86 puntos podría acceder a un crédito tributario equivalente al 80% del IUE determinado, sujeto a las condiciones establecidas por la ley.
Sin embargo, el proyecto establece que en cada gestión fiscal el crédito utilizado no podrá superar el 80% del IUE determinado antes de aplicar el beneficio. Además, si queda crédito sin utilizar durante una gestión, ese saldo no podrá acumularse ni trasladarse al siguiente año.
No todo el beneficio es tributario
La propuesta también contempla un beneficio aduanero automático para determinados bienes vinculados directamente con proyectos de inversión.
El esquema contempla la exención del Gravamen Arancelario (GA) y del IVA para los bienes comprendidos por el régimen, con control posterior de la Aduana y certificación de la ANI sobre su vinculación con el proyecto.
El proyecto establece además exclusiones: el beneficio no podrá aplicarse, por ejemplo, a vehículos de uso particular, bienes de consumo, mobiliario administrativo general o mercancías que no estén vinculadas con la actividad productiva.
Los proyectos promovidos tendrán otra alternativa tributaria. En lugar del crédito contra el IUE para determinados activos, podrán optar irrevocablemente por un régimen de depreciación acelerada, que permitiría reducir hasta en 50% la vida útil fiscal aplicable a bienes de capital e infraestructura elegible.
¿El beneficio se entrega automáticamente?
El proyecto señala que los incentivos tributarios y aduaneros son condicionados y temporales y pueden ser automáticos o estar sujetos a calificación. Para los proyectos promovidos, el acceso al beneficio depende de cumplir los requisitos de inversión elegible y alcanzar el puntaje mínimo establecido.
Además, los inversionistas que reciban incentivos deberán cumplir los compromisos asumidos. Por ejemplo, cuando un proyecto haya comprometido transferencia tecnológica o capacitación de personal boliviano, deberá cumplir indicadores verificables. El incumplimiento injustificado puede derivar en la revocación o suspensión de los incentivos.
¿Quién decide cuánto obtiene cada proyecto?
La evaluación corresponderá a la ANI, mientras que un decreto supremo establecerá las fórmulas de cálculo, indicadores, umbrales y mecanismos de verificación.
La reglamentación, sin embargo, no podrá modificar las ponderaciones, el puntaje mínimo ni las bandas de beneficios establecidos por la ley.
El proyecto plantea un principio sencillo: a mayor aporte de una inversión a la economía nacional, mayor incentivo tributario.
Una empresa que únicamente realice una inversión productiva no necesariamente accederá al máximo beneficio. Para llegar al 80% de crédito contra el IUE, su proyecto tendría que alcanzar entre 85 y 100 puntos, demostrando aportes en áreas como generación de empleo, exportaciones, industrialización, innovación, desarrollo de proveedores nacionales, sostenibilidad y permanencia de la inversión.
De esta manera, la propuesta busca que los incentivos fiscales estén vinculados al desempeño y al impacto económico del proyecto, y no solamente al monto de capital invertido.
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